El factor tiempo es uno de los elementos más críticos en el ámbito del derecho de circulación, ya que el paso de los días puede determinar la pérdida definitiva de la oportunidad de reclamar. Existen plazos de prescripción muy estrictos que el legislador ha establecido para dar seguridad jurídica al sistema, pero que pueden ser una trampa para las víctimas que no actúan con diligencia. Conocer cuándo empieza a contar el reloj y cuándo se agota el tiempo es fundamental para garantizar que los derechos de indemnización se mantengan plenamente vigentes y exigibles ante los tribunales.

En la vía civil, el plazo general para iniciar una reclamación por daños y perjuicios derivados de un accidente de tráfico es de un año, contado habitualmente desde que la víctima alcanza la estabilidad lesional. Esto significa que el cómputo no siempre empieza el día del accidente, sino el día en que el paciente recibe el alta médica o se determina que sus lesiones se han convertido en secuelas permanentes. No obstante, esperar al último momento es un riesgo innecesario que puede dificultar la obtención de pruebas o testimonios clave para el éxito de la demanda legal.

Para interrumpir estos plazos y evitar que el derecho caduque, es necesario realizar una reclamación previa fehaciente a la compañía aseguradora del responsable. Este paso no solo es un requisito legal obligatorio, sino que sirve para «congelar» el tiempo de prescripción, otorgando un margen adicional para negociar o preparar la estrategia judicial. El uso de burofaxes o notificaciones notariales es la forma más segura de dejar constancia legal de que la víctima tiene la intención de ejercer sus derechos y no ha abandonado su pretensión económica.

Existen otros plazos específicos que afectan a procedimientos menores o reclamaciones administrativas que pueden ser incluso más breves, dependiendo de la naturaleza del responsable (por ejemplo, si el accidente fue causado por el mal estado de una vía pública gestionada por el Estado). La falta de cumplimiento de estos términos temporales suele resultar en el archivo del expediente sin posibilidad de reapertura, dejando a la víctima sin ninguna compensación a pesar de tener la razón en el fondo del asunto. La vigilancia constante de estos periodos es una de las labores principales del equipo jurídico especializado.

Por último, es vital recalcar que el plazo de un año es el estándar para la acción civil, pero la recopilación de pruebas debe ser inmediata. Facturas, informes médicos y datos de testigos deben obtenerse en las primeras semanas para que tengan validez probatoria suficiente en un futuro juicio. Actuar con rapidez no solo protege el derecho a reclamar, sino que facilita una resolución más pronta y satisfactoria del conflicto. La proactividad legal es, sin duda, la mejor defensa contra la pérdida de derechos por el simple transcurso de las hojas del calendario.