La valoración de las lesiones tras un accidente de tráfico es un proceso técnico y médico de alta complejidad que determina el éxito de una reclamación legal. Los peritos médicos tienen la responsabilidad de transformar el daño corporal en una puntuación numérica y económica basada en criterios objetivos y científicos. Para ello, analizan no solo el informe de urgencias, sino toda la evolución clínica del paciente, identificando cada una de las afectaciones que han alterado su estado de salud habitual debido al impacto del siniestro.

Durante el proceso de peritaje, se distinguen claramente las lesiones temporales de las secuelas permanentes, siendo estas últimas las que más peso tienen en la cuantía final. El perito evalúa la pérdida de calidad de vida ocasionada, considerando factores como el dolor, la limitación de movilidad y la necesidad de tratamientos futuros. Es una labor de investigación donde se debe establecer una relación de causalidad directa entre el accidente y la patología detectada, descartando patologías previas que no tengan relación con el evento actual.

La valoración pericial también profundiza en el impacto que las lesiones tienen sobre la autonomía de la persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Se analizan aspectos como la capacidad para el aseo personal, la movilidad independiente o la realización de tareas domésticas, otorgando indemnizaciones adicionales si existe un perjuicio personal particular. Este enfoque humano del peritaje permite que la ley no solo vea un código médico, sino a una persona cuya rutina se ha visto truncada por la negligencia de un tercero en la carretera.

Un punto crítico en la valoración es la consistencia de las pruebas diagnósticas aportadas, tales como resonancias magnéticas, electromiogramas o radiografías. El perito médico utiliza estas evidencias para ratificar la existencia de daños que, en ocasiones, no son visibles a simple vista pero que generan una incapacidad funcional significativa. La precisión en estos informes es vital, ya que sirven de base para que los jueces o las aseguradoras determinen la cuantía exacta que debe ser abonada a la víctima como compensación por su sufrimiento físico.

Por último, es común que exista una discrepancia entre el perito de la aseguradora y el perito independiente contratado por la víctima. Mientras el primero tiende a minimizar el impacto de las lesiones para proteger los activos de la compañía, el perito independiente busca una valoración exhaustiva y justa. Esta confrontación de criterios es un derecho del lesionado para asegurar que ninguna secuela quede sin reconocer. Un informe pericial bien estructurado es la herramienta más poderosa para obtener una compensación íntegra que cubra todos los daños sufridos.